El robo de combustibles y el contrabando fiscal han alcanzado cifras alarmantes en México, representando aproximadamente el 30 % de la demanda nacional de gasolina, según explicó Anasol Muñoz, consultora independiente.

Durante un panel sobre los nuevos cambios en la legislación en materia de combustibles, organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Muñoz señaló que, de acuerdo con la mayor asociación de gasolineros del país, el hurto de petrolíferos—especialmente diésel y gasolina—se disparó de 60 mil barriles (bls) en 2018 a 400 mil bls en 2024.

Con pérdidas estimadas en 12 pesos por barril robado, estas prácticas ilícitas generan una merma económica significativa para el país, lo que exige acciones coordinadas entre autoridades, industria y sector privado para recuperar la integridad del mercado de combustibles, apuntó la consultora.

Además, explicó que el aumento del contrabando afecta tanto a las terminales como a los ductos y se facilita mediante importaciones ilegales con fracciones arancelarias distintas.

“El huachicol fiscal y el robo a las terminales representan cerca del 30 % del mercado, lo que implica una pérdida considerable para Pemex y para la cadena de suministro de combustibles”, afirmó Muñoz, quien advirtió que la problemática no se resolverá únicamente con controles económicos.

La consultora destacó que, en algunos casos, el contrabando se lleva a cabo importando productos con una fracción arancelaria diferente o desglosando la gasolina en sus componentes, los cuales pueden importarse por separado y luego mezclarse en territorio nacional.

Asimismo, indicó que la importación de combustibles de calidad incierta representa un riesgo para los consumidores, pues se desconoce si cumplen con las normas y podrían afectar el desempeño de los vehículos.

“Han tratado de contrarrestarlo imponiendo permisos de importación a otros productos, como aceites lubricantes o petroquímicos; sin embargo, esto solo ha dificultado la importación de muchos productos automotrices. El problema radica en la producción de las gasolinas, porque se importa un producto cuya calidad es incierta y no se sabe si cumple con la norma. Las gasolinas son una mezcla de componentes que pueden importarse por separado y ensamblarse aquí”, explicó.

Sin embargo, mencionó que para combatir el contrabando se han impuesto mayores regulaciones y se busca una mayor trazabilidad en las operaciones. No obstante, la efectividad de estas medidas se ve limitada por la falta de controles volumétricos operativos al 100 % y la carencia de obligaciones estrictas en las terminales y refinerías de Pemex.

Muñoz señaló que la problemática del mercado negro de gasolina se agrava en un contexto en el que México depende en gran medida de las importaciones de este y otros combustibles—especialmente de Estados Unidos—y enfrenta desafíos en la operación de sus refinerías.

Asimismo, indicó que el Sistema Nacional de Refinación se ve forzado a importar productos de calidad y valor inciertos, lo que complica la regulación del mercado. Explicó que la reconfiguración de permisos de importación ha generado incertidumbre en el sector, ya que, si bien busca aumentar la fiscalización, también ha provocado dificultades en la cadena de distribución.

Según la consultora, la estrategia de imponer controles económicos y centralizar el mercado con un rol preponderante de Pemex recuerda épocas pasadas de la industria petrolera, pero en un contexto donde el valor del petróleo ha cambiado radicalmente.

Ante este panorama, consideró que la solución para combatir la ilegalidad de manera efectiva sería reforzar la vigilancia en las zonas de producción y distribución.

“Somos netamente importadores de gasolina, diésel y turbosina. Estamos importando casi el 99 % de la gasolina premium, entre el 50 y 60 % de la gasolina regular, dependiendo del mes, y alrededor del 70 % de la turbosina. Estos son los tres combustibles de transporte más utilizados y con mayor valor en la refinación”, explicó.

Por otra parte, señaló que el crecimiento del mercado negro de gasolina está directamente relacionado con la alta carga fiscal que enfrentan los proveedores regulados.

“En México tenemos cuatro impuestos: el IEPS federal, el IEPS local, el depósito y el IVA. Estamos pagando cerca del 40 % en impuestos. Esta parte del IEPS es clave. Además, la logística es siempre la más afectada: es a quien le roban y quien termina absorbiendo los costos sin recibir compensación. ¿Qué pasa con la logística? No se da mantenimiento a las terminales, a los ductos ni a los centros de bombeo”, concluyó.