La extorsión es uno de los delitos más comunes y al mismo tiempo de los menos denunciados en México. Según el INEGI, 97 de cada 100 víctimas nunca acuden a las autoridades por miedo o desconfianza. Eso significa que la mayoría de los casos quedan impunes y que muchas familias, comerciantes y trabajadores siguen viviendo bajo amenazas.

Ante esta realidad, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que ahora pasará al Senado. ¿Qué busca? Que el Congreso pueda crear una Ley General contra la Extorsión, con reglas claras y uniformes para todo el país.

Hoy, cada estado maneja castigos diferentes, lo que hace más difícil perseguir a los delincuentes. Con esta nueva ley se pretende:

• Unificar las penas y sanciones, para que no importe en qué estado se cometa el delito.
• Perseguir la extorsión de oficio, es decir, que las autoridades puedan actuar sin necesidad de que la víctima denuncie, reduciendo riesgos de represalias.
• Proteger mejor a víctimas y testigos, ofreciendo atención y respaldo real.
• Dar más herramientas de investigación a las autoridades, para evitar que las extorsiones queden en la impunidad.

En pocas palabras, esta reforma busca que el delito de extorsión deje de ser visto como un problema aislado y se combata de manera coordinada y más justa en todo el país.

Para comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos en general, esto significa más posibilidades de que las denuncias se atiendan, menos espacio para los extorsionadores y un sistema que debería ofrecer más confianza a quienes hoy callan por temor.