La volcadura de una pipa cargada con gas en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México, dejó un saldo de 13 personas fallecidas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta, según informaron autoridades capitalinas. El siniestro, ocurrido hace unos días, desató un operativo médico y judicial sin precedentes para atender a las víctimas y determinar responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), encabezada por Bertha Alcalde Luján, confirmó que la principal línea de investigación apunta a un probable exceso de velocidad. Al mismo tiempo, descartó que el accidente estuviera relacionado con baches o malas condiciones del terreno, tal como algunos medios habían especulado.

En conferencia conjunta, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la fiscal Bertha Alcalde Luján detallaron que la indagatoria se centra en tres delitos: homicidio culposo, lesiones y daños culposos. El dictamen preliminar en materia de hechos de tránsito reveló que la ruptura del casquete del tanque de gas tras la caída e impacto con el pavimento detonó la explosión.

Alcalde Luján subrayó que el caso ya incluye la revisión de protocolos de seguridad y del historial de la empresa transportista. Se corroboró que la compañía contaba con póliza de seguro vigente, lo que permitirá a las víctimas y familiares acceder a indemnizaciones y representación legal.

Cobertura del seguro y reparación del daño

Uno de los puntos más relevantes para las víctimas y el sector asegurador es que la empresa propietaria de la pipa tenía contratada una póliza activa para daños a terceros y cobertura de responsabilidad civil. De acuerdo con la FGJ, esta póliza será clave para garantizar indemnizaciones y gastos médicos, así como para respaldar los procesos penales derivados del accidente.

La Coordinación General de Víctimas de la Fiscalía ofrece asesoría jurídica gratuita, acompañamiento psicológico y trabajo social para quienes resultaron afectados. Esta área no solo orienta a las familias en sus dudas legales, sino que incluso puede representarlas directamente en el proceso penal, sin costo alguno.

Transparencia en la investigación

Para reforzar la confianza pública, la fiscal Bertha Alcalde y la jefa de Gobierno Clara Brugada reiteraron que no se encontraron baches ni desperfectos en el asfalto del tramo donde ocurrió el accidente. Se realizaron periciales y registros fotográficos que se han puesto a disposición de medios de comunicación para corroborar la información.

Brugada también agradeció al personal médico y hospitalario por su atención a las víctimas: “Nuestro compromiso es garantizar atención médica, acompañamiento legal y justicia para quienes han sufrido por este siniestro”, afirmó.

Implicaciones para la seguridad vial y empresarial

El accidente del Puente de la Concordia deja al descubierto la magnitud del riesgo asociado al transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas. Aunque la empresa contaba con seguro vigente, la investigación por exceso de velocidad podría derivar en sanciones y obligaciones de reparación del daño millonarias.

Para el sector empresarial, este caso es una advertencia sobre la necesidad de reforzar protocolos de seguridad vial, capacitación de conductores y mantenimiento de unidades. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), más del 40% del parque vehicular pesado circula sin pólizas adecuadas de responsabilidad civil, lo que expone a empresas y a terceros a pérdidas económicas irreparables.

La FGJ-CDMX también investiga si hubo omisiones en el control de velocidad y en la supervisión de la carga y mantenimiento de la unidad. Expertos en transporte consultados por Novus News explican que, en casos de siniestros con múltiples víctimas, las indemnizaciones pueden superar los 100 millones de pesos cuando se suman gastos médicos, compensaciones por fallecimiento y daño a infraestructura pública.