Un tuit sin insultos, una sanción sin precedentes y una tormenta digital como pocas veces se ha visto en México. Así se resume el caso de la diputada del PT, Diana Karina Barreras Samaniego, conocido en redes como “Dato protegido”, que ha desatado un debate encendido sobre los límites de la libertad de expresión y el uso del poder judicial.
La propia diputada federal rompió el silencio recientemente y declaró que, para ella, la primera disculpa fue suficiente. Afirmó que ni siquiera necesitaba que fuera pública, y que lo que realmente le importaba era el reconocimiento del daño que sintió.
“Cierro este capítulo desde la serenidad de quien sabe que actuó con convicción y respeto. Lo cierro con la tranquilidad de haberme defendido sin agredir, con los medios legales que la ley me otorga; de haber puesto un límite sin renunciar al diálogo. Y lo cierro, también, reafirmando un compromiso que me nace del corazón: seguir trabajando, desde donde me toque, para que ninguna mujer, sin importar su historia, su origen o su camino, tenga que vivir violencia de ningún tipo. Ni física, ni verbal, ni simbólica”, concluyó.
Sin embargo, la historia no terminó ahí. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Karla Estrella Murrieta, una arquitecta y ama de casa sinaloense, a publicar durante 30 días consecutivos una disculpa en la red X (antes Twitter), por un tuit donde cuestionaba el ascenso político de Barreras. Aunque el mensaje no contenía insultos ni expresiones ofensivas, el Tribunal lo consideró como violencia política de género.
La sanción también incluyó un curso obligatorio de perspectiva de género, lo que desató una ola de críticas por considerarse una medida desproporcionada.
En solo 24 horas, el caso generó más de 120 mil menciones en redes sociales, el 95.1 % de ellas negativas, según Social Listening LATAM. Esto representa un índice de 19 comentarios negativos por cada uno positivo, un nivel de repudio que coloca este caso entre los cinco más rechazados a nivel mundial en temas políticos en redes, junto a escándalos como Cambridge Analytica (22:1), Silicon Valley Bank (21:1) y el Brexit (13:1).
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, defendió la resolución como una medida necesaria para proteger a las mujeres en política, aunque evitó pronunciarse sobre la desproporcionalidad del castigo frente al contenido del mensaje original.
Para muchos ciudadanos, analistas y activistas digitales, la decisión fue un uso selectivo del enfoque de género, aplicada contra una ciudadana sin cargo público y en defensa de una figura política con respaldo institucional. Las redes sociales encendieron el debate: ¿es violencia de género cuestionar una relación política y personal? ¿Puede una crítica, sin insultos, ameritar una sanción de esta magnitud?
El caso incluso llegó a Palacio Nacional. Seis días después de iniciadas las disculpas, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia matutina, sin mencionar nombres, pero con un mensaje claro:
“Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. No está bien esta exigencia. Si puede haber una sanción del Tribunal de decir ‘no hubo fundamento’, bueno, que haya disculpa pública, pero esto… esto es demasiado”.
El caso “Dato protegido” sigue alimentando un intenso debate nacional. Porque más allá del cruce entre dos mujeres, lo que está en juego es el equilibrio entre libertad de expresión, justicia con perspectiva de género y el poder judicial como garante de derechos, no como herramienta de silenciamiento.
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