La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un cambio importante en la manera en que se paga la deuda del Fobaproa, un tema que ha estado en la agenda nacional desde la crisis bancaria de los años noventa. La medida, incluida en la Ley de Ingresos de 2026, evitará que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que hacen para cubrir parte de esa deuda.

En términos simples, hasta ahora los bancos aportaban dinero al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del Fobaproa, pero ese gasto lo podían usar como deducción para pagar menos impuestos. Es decir, lo que los bancos daban con una mano lo recuperaban parcialmente con la otra.

“Eso ya no se va a permitir”, afirmó Sheinbaum en su conferencia mañanera. Con este cambio, el Gobierno espera recaudar alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales al año, recursos que se sumarán al presupuesto federal.

¿Por qué importa?

El Fobaproa fue creado en 1990 y, tras la crisis financiera de 1994-1995, absorbió deudas privadas de los bancos y las convirtió en deuda pública. Con el tiempo se transformó en el IPAB, institución que hasta hoy protege los ahorros de los clientes bancarios y administra el pago de esa deuda.

Actualmente, la mayor parte del dinero para el IPAB proviene de los impuestos que pagan todos los mexicanos, mientras que una fracción más pequeña sale de aportaciones de los bancos. El problema, según Sheinbaum, es que esa pequeña fracción se “descontaba” en sus impuestos, reduciendo así la contribución neta de las instituciones financieras.

Lo que sigue

La presidenta aseguró que la decisión responde a un principio de justicia fiscal: “No puede ser que haya deducción de impuestos de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del Fobaproa”, declaró.

El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, detallará el martes los alcances de la medida. Por ahora, Sheinbaum adelantó que ya conversó con varios banqueros sobre el tema y confía en que todos acatarán la nueva disposición.

Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar los ingresos públicos y reducir beneficios fiscales que, a su juicio, ya no tienen justificación.