Durante su intervención ante las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos en el Senado, el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, afirmó que el Paquete de Ingresos 2026 representa una nueva etapa en la política fiscal mexicana, enfocada en la eficiencia recaudatoria, la digitalización y la equidad tributaria, sin imponer nuevas cargas fiscales.
Entre las medidas más destacadas, Lerma Cotera anunció la inclusión de las instituciones fintech y plataformas digitales de intermediación dentro del marco de retención fiscal. A partir de 2026, estas empresas deberán retener y enterar el IVA y el ISR generados en las operaciones en las que participen como intermediarias, con el propósito de homologar sus obligaciones con las del sistema financiero tradicional.
El subsecretario precisó que la tasa de retención aplicable será de 2.5%, igual a la establecida en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), y aclaró que esta medida no constituye un nuevo impuesto, sino una actualización de los mecanismos de retención existentes para fortalecer la transparencia en la economía digital y reducir los márgenes de evasión. “Se trata de generar un esquema más justo, donde todos los sectores contribuyan de forma proporcional al desarrollo del país”, subrayó.
Lerma Cotera indicó que la Secretaría de Hacienda prevé ingresos totales por 8.7 billones de pesos en 2026, lo que equivale a un crecimiento de 6.3% real respecto al cierre estimado de 2025, impulsado por la mejora en la fiscalización, el uso de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento del consumo interno. De ese monto, 5.8 billones de pesos corresponderán a ingresos tributarios, que representarían 15.1% del PIB, el nivel más alto de las últimas dos décadas.
Asimismo, destacó que el gobierno mantiene el compromiso de no crear nuevos impuestos, sino de consolidar un modelo de recaudación inteligente, basado en la detección y sanción de prácticas como la evasión, el contrabando y el uso de factureras. El objetivo, dijo, es mantener la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal, garantizando recursos suficientes para programas sociales, infraestructura y desarrollo económico, en consonancia con los principios de justicia tributaria y equidad promovidos por la administración federal.
