En México operan “factureras”, empresas fachada que venden facturas o comprobantes fiscales falsos para que otros paguen menos impuestos o no paguen. Esa trampa le ha costado al país 54 mil millones de pesos entre 2022 y lo que va de 2025, según la Procuradora Fiscal Grisel Galeano.
Los montos dimensionan el golpe: en 2022 se esfumaron 17 mil millones; en 2023, 21 mil 700 millones; en 2024, 10 mil millones; y en 2025 ya van 5 mil 600 millones. En total, autoridades presentaron 59 denuncias por operaciones simuladas.
¿Qué se propone para cerrar la llave?
Una reforma al Código Fiscal que actúe desde el origen: negar el registro en el RFC a empresas ligadas a estas redes; suspender de inmediato la facturación apócrifa; ampliar restricciones a sellos digitales; visitas domiciliarias más efectivas; y, sobre todo, obligar a reparar el daño al erario. La idea no es “castigar por castigar”, sino impedir que la maquinaria del fraude siga drenando recursos públicos. El SAT y la PFF coordinan acciones para detectar empresas fantasma y bloquear esquemas de timbrado en tiempo real hoy.
