La inseguridad continúa golpeando con fuerza al sector minero. Según el informe anual 2025 de la Cámara Minera de México (Camimex), el 97% de sus agremiados reportó haber sido víctima de algún delito.

“Estamos convencidos de que el fortalecimiento del Estado de derecho, la certeza jurídica, la seguridad en las regiones mineras y una política pública integral para el sector son elementos indispensables para liberar todo el potencial que la minería puede aportar al país. Para lograrlo, durante 2024 hemos tendido puentes con autoridades federales y estatales, proponiendo soluciones, participando activamente en mesas de trabajo y demostrando, con datos y resultados, que la minería es un aliado estratégico del desarrollo nacional”, señaló el informe.

De acuerdo con el documento, los delitos representan hasta 5% de los costos totales para las empresas del ramo, y hasta 7% en pérdidas, afectando directamente su competitividad y frenando nuevas inversiones.

“Basta decir que las condiciones de seguridad son una de las variables evaluadas por la encuesta anual del Instituto Fraser, y para México, es la peor calificada: se ubicó en el lugar 84 de 86 jurisdicciones en 2023”, advierte el reporte.

Ante este panorama, la Camimex urgió a establecer un canal de comunicación permanente con las autoridades de seguridad, para atender casos específicos, facilitar denuncias y crear mecanismos de prevención que reduzcan la incidencia delictiva.

El informe también documenta casos recientes, como el robo de un vehículo de carga con 33 toneladas de concentrado de oro y plata, del cual no se tiene rastro, y la desaparición de un convoy con más de 200 toneladas de minerales, sin que el cargamento haya sido recuperado.

En estados como Sinaloa, donde la violencia se ha recrudecido por conflictos internos del crimen organizado, varios proyectos mineros se han visto afectados. La mina Cosalá, operada por Americas Silver and Gold, redujo su producción en 24.9% debido a las condiciones de inseguridad y lluvias intensas, lo que derivó en el cierre temporal de su molino.

Otro caso es el de McEwen Mining, que avanzó en su proyecto “Fénix” mediante la adquisición y traslado de maquinaria para reacondicionamiento. A finales de 2024, gran parte del equipo ya estaba listo para su instalación, pero el reinicio de operaciones depende de que existan condiciones mínimas de seguridad.

El informe detalla que los delitos más frecuentes en el sector incluyen robo hormiga, extorsión, asaltos en minas, extracción y exportación ilegal de minerales, secuestros y homicidios.

“Desde la Cámara Minera de México, identificamos estos retos como oportunidades para avanzar hacia una minería más responsable, innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible. Es momento de consolidar un marco jurídico que brinde certeza a la inversión, de acelerar la eficiencia regulatoria, de mejorar las condiciones de seguridad en las zonas mineras y de construir una relación más estrecha con las autoridades de los tres niveles de gobierno”, concluyó el organismo.