En un país donde el 80% de las compras diarias se realizan en tiendas de abarrotes y pequeños comercios, el llamado “refrescazo” podría convertirse en uno de los golpes fiscales más fuertes al consumo cotidiano en 2025.

De aprobarse el aumento del 70% al impuesto a refrescos, el gravamen subiría de 1.50 a 2.50 pesos por litro, impactando directamente a más de 350 mil tiendas y millones de consumidores.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) alertó que esta medida “representa un duro golpe para la economía de los pequeños comercios y para las familias mexicanas”, ya que implica menores ventas en las tiendas y precios más altos para los consumidores. En medio de una recesión económica y con márgenes de utilidad reducidos, los tenderos enfrentan el reto de sostener su flujo de caja diario mientras los clientes pagan más por productos de consumo básico.

El presidente de ANPEC señaló que “este incremento no solo reducirá las ventas en nuestras tiendas, sino que afectará a nuestros clientes, quienes ya sufren por la recesión económica y la inflación”. La organización pidió la intervención del gobierno federal para revisar el aumento y legislar reglas fiscales justas para microempresarios.

Más allá del impuesto, ANPEC advirtió sobre el riesgo de que esta alza propicie informalidad en el comercio, erosione la competitividad de miles de negocios locales y agrave la presión en los precios de la canasta básica. Con más de 350 mil 509 puntos de venta en todo México, la organización considera que esta medida puede comprometer no solo la salud financiera de los comercios, sino también el acceso de los consumidores a productos esenciales.