La consejera del INE, Carla Humphrey consideró que el INE “cumplió con creces”. Y sí, desde lo técnico, cumplir se cumplió: más de 600 millones de boletas impresas, 84 mil casillas proyectadas, materiales distribuidos en tiempo y forma. Pero ¿de qué sirve montar el escenario si el público no aparece? Solo entre el 12% y el 13% del padrón votó. El otro 87% simplemente ignoró la convocatoria. La pregunta no es si el INE hizo su parte. La pregunta es: ¿por qué nadie fue?

Con apenas ocho meses de preparación, refirió, sin recursos suficientes y en medio de una reforma incompleta, el Instituto Nacional Electoral organizó un proceso inédito: permitir que la ciudadanía eligiera mediante el voto a jueces y magistrados federales. Sin embargo, la respuesta ciudadana fue limitada: solo entre el 12 % y el 13 % del padrón electoral participó.

Durante una conferencia de prensa, la consejera señaló que el INE cumplió con su responsabilidad. Desde el punto de vista técnico y logístico, los datos lo respaldan: se imprimieron más de 600 millones de boletas, se proyectaron 84 mil casillas y se distribuyeron los materiales en tiempo y forma. Pero la baja participación dejó en evidencia una desconexión entre la estructura institucional y la respuesta ciudadana. La pregunta que flotó en el aire fue clara: ¿por qué, a pesar del despliegue organizativo, la mayoría decidió no acudir a las urnas?

Humphrey puso el dato en contexto. Recordó que ejercicios previos de democracia participativa, como la revocación de mandato y la consulta popular, también registraron niveles bajos de participación, del 17 % y 10 %, respectivamente. Más allá de los números, lo que se plantea es un dilema profundo: ¿por qué procesos tan relevantes generan tan poco interés en la ciudadanía?

A juicio de la consejera, uno de los factores clave fue el poco tiempo disponible para informar a la población sobre el alcance de la elección. La complejidad del proceso, el perfil de los cargos en disputa y la novedad del mecanismo contribuyeron a que gran parte del electorado no dimensionara la importancia de elegir a quienes impartirán justicia en el país. Es un punto que pone en evidencia la necesidad de una mayor pedagogía cívica, más allá de la mera logística electoral.

Asimismo, Humphrey enfatizó que el INE no puede planear procesos comiciales en función de estimaciones de participación. Su obligación constitucional es garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto. Por ello, el instituto prepara cada elección como si toda la ciudadanía fuera a acudir a las urnas, sin hacer suposiciones ni reducciones operativas. Esta postura no solo responde a un marco legal, sino que refuerza el principio de igualdad en el acceso al voto.

En sus declaraciones también dejó entrever una reflexión de carácter cívico. Reconoció que no votar es una decisión legítima, pero subrayó que participar en este tipo de procesos contribuye a la construcción colectiva de las instituciones. Aunque no se estableció un umbral mínimo de participación, advirtió que la legitimidad democrática se fortalece cuando los cargos públicos son conocidos, respaldados y vigilados por la ciudadanía.

En suma, Humphrey ofreció una lectura equilibrada: el sistema electoral cumplió con su función, pero el ejercicio democrático requiere mucho más que una operación técnica exitosa. Sin información suficiente, sin debate público y sin una ciudadanía comprometida, incluso los procesos más innovadores corren el riesgo de pasar desapercibidos. La elección judicial abre un debate necesario sobre cómo acercar las decisiones fundamentales del país a quienes deben protagonizarlas: las y los ciudadanos.