Una investigación del medio israelí The Marker reveló que los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishay Samuel Neriya entregaron 25 millones de dólares a una figura de alto nivel del gobierno mexicano, con el objetivo de abrirle las puertas a sus negocios en el país. Esa figura, referida en documentos como “el N” o “el hombre mayor”, sería Enrique Peña Nieto, entonces candidato presidencial en 2012.
El pago millonario habría servido para facilitar la venta del software espía Pegasus y otros equipos de seguridad a distintas instituciones del gobierno mexicano. La revelación surgió a partir de un conflicto legal entre ambos empresarios, quienes en 2024 firmaron un acuerdo para resolver su disputa y repartir los negocios que mantuvieron en México.
Según The Marker, el dinero se destinó en su mayoría a gastos políticos, probablemente relacionados con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Los documentos consultados hablan de una “inversión conjunta” en una figura de alto rango en México, y aunque no lo nombran directamente, las fechas y términos usados dejan pocas dudas de que se trataba del expresidente.
Durante el sexenio de Peña Nieto, al menos tres dependencias mexicanas utilizaron Pegasus: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Con este software se espiaron teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Los empresarios Ansbacher y Neriya, socios en BSD Security Systems, hicieron múltiples negocios con el Estado mexicano. Según el acuerdo legal, incluso se repartieron las agencias gubernamentales como si fueran territorios: unas “pertenecían” a uno y otras al otro. Además de Pegasus, vendieron drones, equipo militar y tecnología para cárceles, incluyendo un contrato con el sistema penitenciario por más de mil 600 millones de pesos.
Aunque buena parte de sus operaciones ocurrieron durante el mandato de Peña Nieto, algunos contratos continuaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente con la Sedena. Sin embargo, la Secretaría se negó a transparentar esa información, pese a las órdenes del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
El pleito entre los empresarios se originó porque Ansbacher reclamó a Neriya no haber cumplido con supuestas reuniones pactadas con Enrique Peña Nieto, por las que había transferido grandes cantidades de dinero. Inicialmente intentaron resolver el conflicto bajo la ley judía (Torá), pero terminaron en un tribunal civil, donde salieron a la luz documentos que mencionan el pago de los 25 millones de dólares.
En esos documentos no se menciona el nombre de Enrique Peña Nieto, pero se utilizan términos como “el N”, “el mandato del N” o “el hombre mayor”, lo que permitió identificarlo. Incluso uno de los empresarios se refería al expresidente como “la personalidad” en la que habían invertido dinero conjunto.
También se reveló que Avishay Neriya fue cónsul honorario de México en Haifa, Israel, lo cual habría facilitado los contactos con funcionarios mexicanos.
Tras la llegada de López Obrador en 2018, la mayoría de los funcionarios ligados a estos contratos dejaron sus cargos y los negocios entre los empresarios y el gobierno mexicano se fueron diluyendo.
Esta revelación se suma a otras investigaciones en curso contra Peña Nieto, quien actualmente vive en España. El exmandatario enfrenta acusaciones por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.
Además, testigos han señalado que Enrique Peña Nieto incluso pidió usar Pegasus para espiar a empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y a periodistas críticos de su gobierno.
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