La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, desató polémica al insistir que Irma Hernández, taxista y maestra jubilada, murió de un infarto tras ser plagiada y violentada por un grupo criminal. “Les guste o no”, dijo tajante, aunque más adelante calificó el caso como un asesinato y anunció la detención de cuatro personas.

En conferencia, Nahle arremetió contra medios y críticos, acusándolos de hacer “escándalo” y hasta de emprender un “nado sincronizado” para magnificar la violencia en el estado. “Es de miserables hacer eso con una familia enlutada”, lanzó.

El médico legista José Eduardo Márquez confirmó que el cuerpo de Irma presentaba múltiples lesiones y que el corazón fue el órgano más afectado. Aunque no había daño en cráneo, tórax o abdomen, la violencia sufrida fue evidente.

La contradicción entre la causa de muerte —infarto— y el trato del caso como asesinato ha generado cuestionamientos sobre el discurso oficial. Mientras las autoridades piden “no politizar”, el caso exhibe las tensiones entre los datos forenses, las declaraciones públicas y una ciudadanía cada vez más crítica ante la inseguridad.