El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, anunció que el gobierno federal está llevando a cabo una revisión exhaustiva de las pensiones otorgadas por el instituto, con el objetivo de ajustar o, en algunos casos, cancelarlas.
En conferencia de prensa destacó que algunas de las pensiones que se están revisando superan por mucho el ingreso permitido por la Ley del ISSSTE, que es de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale aproximadamente a 34 mil pesos mensuales.
Detalló que hasta el momento, el instituto ha detectado pensiones que ascienden a montos desmesurados, como 309 mil pesos mensuales, las cuales han sido pagadas desde el año 2002, así como otras que rondan los 267 mil, 210 mil y 179 mil pesos.
Como parte del eje salud del plan #25PuntosTransformaciónISSSTE, el director general, @martibatres, informó que se trabajará para;
— AFORE PENSIONISSSTE (@PENSIONISSSTE_) January 14, 2025
🤝🏼 Brindar un trato digno a la derechohabiencia
👩🏻⚕️ Homologar los salarios del personal médico
🏥 Implementar el Programa "La Clínica es Nuestra" pic.twitter.com/DMF6obhJXs
Pensiones millonarias del ISSSTE fueron otorgadas por el Poder Judicial
Martí Batres subrayó que muchas de estas pensiones no tienen una justificación razonable en relación con los puestos ocupados por los beneficiarios. Por ejemplo, una pensión de más de 300 mil pesos pertenece a una persona cuyo último cargo fue como maestra de jardín de niños.
En total, apuntó que se identificaron 10 pensiones excesivas, de las cuales siete superan el salario de la actual presidenta de México.
“Este es un problema de inequidad y de violación de la legislación vigente”, comentó Batres, quien agregó que en varios casos las pensiones fueron otorgadas por el propio ISSSTE y por organismos del Poder Judicial.
El director general del ISSSTE explicó que, conforme a la Ley del ISSSTE, la institución tiene la facultad de revisar la legalidad de las pensiones en cualquier momento y de ajustarlas o cancelarlas si se determina que no cumplen con los requisitos legales.
“Estamos en el proceso de revisión y respetando el debido proceso y el derecho de audiencia de los beneficiarios para llevar a cabo el procedimiento adecuado”, detalló Batres.
