A pesar que para convertirse en titular de alguno de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Seguro Social es necesario poseer título y cédula en especialidades médicas, estudios avanzados en administración de servicios o salud pública y una experiencia de al menos cinco años en el sector; Mauricio Roldán Parra se convirtió en “encargado de despacho” del IMSS-Guerrero con bachillerato trunco.
Su historia en el Instituto, hoy al mando de Zoé Robledo, comenzó en 2006 cuando después de dejar su aprendizaje en el cuarto semestre del nivel medio superior y seis años como capturista, tomó encargo como Coordinador de Programas al interior de la Coordinación de Control y Abasto.
Aunque no ha retomado su instrucción académica, al menos entre enero y abril de 2024, a Mauricio Roldán Parra se le nombró encargado de despacho del IMSS-Guerrero, como consta en reportes de prensa e información oficial. Por su parte, las declaraciones públicas del personaje dan cuenta de su puesto como encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos en el mismo estado, desde junio de 2017 y hasta mayo de 2024.
El sueldo promedio de un capturista se estima en la actualidad entre 6 mil 700 pesos y poco más de 7 mil, según los cálculos de Computrabajo; mientras que como jefe de Servicios Administrativos en el IMSS el funcionario ha cobrado anualmente 884 mil 544 pesos netos, aguinaldo de más de 128 mil pesos y un fondo de ahorro de 31 mil pesos.
Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia dan cuenta que de julio a septiembre de 2024 percibió 98 mil 041 pesos brutos como salario mensual y tiene en su poder un Chevrolet Cruze modelo 2010, además de adeudos por 87 mil pesos y 40 mil pesos en tarjetas de crédito; por su parte, testigos internos cuestionan su modo de vida, que incluiría viajes al extranjero, bienes de alto valor, así como propiedades de amplia plusvalía en Guerrero.
Mauricio Roldán Parra tiene en su haber señalamientos por delitos del fuero común en contra de mujeres, como consta en las carpetas de investigación FIGAM/GAM-7/T3/1651/0611, FIGAM/GAM-7/T3/416/07-03, FIGAM/GAM-7/T3/810/13-078; dos demandas en Juzgados Familiares, una interpuesta en su contra por Karla Paola Solorzano López, y otra por Virginia Patricia Martínez Guerrero; además que se amparó en dos ocasiones, una contra el Director del Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social de la Ciudad de México, y otra contra el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno De Control del IMSS.
Relatos de cercanos al Instituto indican que Mauricio Roldán Parra tendría nexos con Javier Guerrero, el director de Operación y Evaluación, cuya experiencia en el ámbito público arrancó en los 90, con puestos de subsecretario en la Sedesol de Enrique Peña Nieto y en Gobernación de 2018 a 2019; asimismo, entre sus allegados figuraría el jefe de Unidad de Atención Médica, Efraín Arizmendi Uribe, quien ha sido señalado mediáticamente junto con Guerrero García de supuestamente privilegiar sus intereses personales.
Vínculos con la IP
De acuerdo con fuentes que pidieron resguardar su identidad, Mauricio Roldán Parra tendría relación con razones sociales como SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL EN MÉXICO (SITRAVEM) y COMERCIALIZADORA BACROS, la primera de ellas recordada por obtener un contrato hasta por 1 millón 582 mil pesos con el Instituto para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los elevadores en unidades médicas y hospitales de Quintana Roo, estado donde precisamente falleció una menor de edad como resultado de la caída de uno de los elevadores.
Sin importar que ambas empresas tienen como accionistas a Leonardo Cruz, Miguel Ángel Cruz Rodríguez y Miguel Ángel Cruz Barragán, aunado a que se localizan en Hugo Sánchez No. 93, Colonia Deportiva, Zinacantepec, han participado por separado en contrataciones públicas, es decir, han “concursado” una contra otra, a pesar de tener los mismos dueños, según indagaciones de Quinto Elemento Lab.
SITRAVEM está imposibilitada para competir por convenios públicos desde julio pasado y hasta septiembre de 2026, luego que el Órgano Interno de Control del IMSS exhibió que presentó información falsa para “cumplir” con los requisitos técnicos en una de las compras, por lo que además se le impuso una multa de 1.3 millones de pesos, como consta en el proceso administrativo PA-0002/2023, con folio de investigación 0001/2023.
Registros de Compranet muestran que SITRAVEM inició sus contrataciones públicas en 2019 y hasta la fecha suma más de 19 millones 342 mil pesos; mientras que COMERCIALIZADORA BACROS se ha embolsado, solo entre 2022 y 2024, más de 60 millones 467 mil pesos.
Quinto Elemento Lab dio a conocer apenas en 2023 que SITRAVEM y BACROS son parte de una red que incluye a una docena de compañías con socios y representantes legales compartidos. La indagatoria ventiló que el grupo habría acumulado 128 contratos públicos en los últimos cinco años por un total de 218.9 millones de pesos, de los cuales el 86% corresponden a adjudicaciones del IMSS.
