La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su preocupación por la reciente reforma a la Ley de Amparo aprobada en la Cámara de Diputados, pues considera que esta decisión debilita la protección de los derechos fundamentales en México. En términos sencillos, esto significa que, si una ley o norma es inconstitucional, solo las personas que presenten un amparo individual podrán beneficiarse de la protección de la justicia, dejando a millones de ciudadanos en estado de indefensión.
Desde hace décadas, el juicio de amparo ha sido una herramienta clave para proteger a los ciudadanos de abusos de poder. Gracias a este mecanismo, se han logrado frenar decisiones arbitrarias y corregir leyes que afectan derechos esenciales. Con la reforma, solo quienes tengan los recursos económicos para pagar abogados podrán acceder a la justicia, lo que genera desigualdad y afecta sobre todo a los sectores más vulnerables.
COPARMEX también criticó que quienes promovieron la reforma argumenten que el amparo se ha usado para bloquear políticas públicas. Según la Confederación, este es solo un pretexto para debilitar uno de los contrapesos más importantes en una democracia. En realidad, la reforma facilitaría la imposición de normas injustas sin posibilidad de que sean corregidas para el beneficio de todos.
Otro punto preocupante es que la reforma cambia la forma en que se toman decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se elimina el sistema de salas y se reduce el número de votos necesarios para declarar inconstitucional una norma, lo que podría abrir la puerta a decisiones influenciadas por intereses políticos en lugar de estar basadas en la Constitución.
En lugar de fortalecer los derechos y mejorar el acceso a la justicia, esta reforma hace todo lo contrario: restringe la protección de los ciudadanos y dificulta que las personas puedan defenderse cuando el gobierno aprueba normas injustas. COPARMEX advierte que los derechos deben evolucionar para brindar mayor seguridad y justicia, no para limitar las herramientas con las que la gente puede hacer valer sus garantías constitucionales.
