El gobierno federal alista una de las reformas más ambiciosas en materia de justicia de género: una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de feminicidio, que contempla penas de hasta 70 años de prisión y un catálogo de 21 agravantes, con el objetivo de cerrar brechas legales y reducir la impunidad en México.

La iniciativa, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy y que será enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea un cambio estructural: toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio desde el primer momento, lo que obligará a fiscalías estatales y federales a seguir protocolos homologados con perspectiva de género.

El proyecto busca facultar al Congreso para emitir una legislación nacional que unifique criterios penales en las 32 entidades, eliminando diferencias que hoy complican la procuración de justicia. Además, establece sanciones de 40 a 70 años de prisión, multas económicas y castigos adicionales como la pérdida de patria potestad, derechos sucesorios y beneficios legales.

Entre los agravantes destacan casos donde la víctima sea menor de edad, adulta mayor, migrante o perteneciente a pueblos originarios, así como cuando el crimen ocurra frente a hijos o bajo condiciones de violencia previa.

La propuesta también introduce la imprescriptibilidad del delito y de la reparación del daño, en un intento por garantizar justicia a largo plazo. Con ello, el gobierno busca convertir el feminicidio en una prioridad de Estado y reducir uno de los delitos con mayor carga de impunidad en el país.