El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, vuelve a exhibir la vulnerabilidad económica del sector agrícola ante el crimen organizado.

El productor fue encontrado sin vida dentro de su vehículo en el camino a Los Tepetates, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que ya inició una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Bravo Manríquez había denunciado en múltiples ocasiones las extorsiones y cobros de “cuotas” impuestas por grupos criminales a los productores de limón, uno de los cultivos más rentables de Michoacán, con una producción anual superior a 1.2 millones de toneladas. Estas prácticas, señaló en abril, encarecen los costos, reducen las exportaciones y afectan la competitividad de toda la cadena agroindustrial.

El homicidio de Bravo Manríquez pone nuevamente en el centro del debate la crisis de seguridad rural que enfrenta Michoacán, estado que aporta cerca del 10% del PIB agrícola nacional, pero donde el control territorial de grupos criminales amenaza la productividad y la inversión en el campo.