Elizabeth Noriega, vicepresidenta jurídica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y Óscar Rosado, presidente del organismo, reconocieron los retrasos en el pago del seguro de depósito a los ahorradores y obreros de la Caja Popular CAME, actualmente en proceso de liquidación.

Durante una conferencia de prensa, Noriega explicó que las demandas individuales no pueden proceder mientras los pagarés no hayan vencido, aunque Condusef busca mecanismos legales para que los recursos reclamados queden asegurados dentro de la masa de liquidación.

Añadió que el organismo enviará una petición formal al liquidador y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) —supervisora directa del proceso— para garantizar que los afectados sean atendidos y obtengan respuesta oportuna.

Asimismo, informó que el Fondo de Protección a Sociedades Financieras Populares (Prosofipo) avanza en la recopilación de información de los ahorradores para proceder con el pago del seguro garantizado hacia noviembre de 2025, una vez concluida la validación de datos y documentos.

Por su parte, Óscar Rosado destacó que la Condusef dará seguimiento al proceso y publicará actualizaciones en coordinación con la CNBV y el fondo de protección, con el objetivo de ofrecer certeza a los usuarios.

Durante el encuentro con medios, los afectados cuestionaron la lentitud del procedimiento frente al sistema bancario tradicional, donde el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) responde en cuestión de días. Los expertos explicaron que esta diferencia se debe a los marcos regulatorios: mientras el IPAB opera con reservas consolidadas, las Sociedades Financieras Populares dependen de fondos más limitados y procesos administrativos más largos.