Empresarios de distintos sectores productivos de Sonora denunciaron presuntas prácticas sistemáticas de extorsión, chantaje y simulación sindical atribuidas a la CATEM Sonora, las cuales seguirían un modus operandi ya documentado en otras entidades del país. Esta situación coloca al estado en el centro de una alerta nacional por el uso fraudulento del nuevo modelo laboral, con afectaciones directas a la operación de empresas formales, la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y el clima de inversión en la entidad.

Las denuncias señalan a liderazgos sindicales vinculados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Sonora, particularmente a Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, por presuntamente promover solicitudes de constancias de representatividad con firmas falsificadas, sin conocimiento ni consentimiento de los trabajadores. Dichas constancias serían utilizadas para exigir la firma de contratos colectivos y emplazar a huelga, generando presión económica directa sobre las empresas.

De acuerdo con los empresarios, Carolina Lara Moreno, actual secretaria general de CATEM Sonora, cuenta con una trayectoria política previa como diputada local por el PAN y dirigente del partido Fuerza por México, y sería —junto con sus colaboradoras— una de las principales artífices de este esquema. Su nombre aparece hoy vinculado a denuncias públicas por amenazas y presuntos actos de extorsión. Al consultar directamente a sus plantillas laborales, las empresas aseguran que los trabajadores no reconocen a estas lideresas ni han otorgado respaldo sindical alguno.

En este contexto, señalan que Marisela Parra Martínez se presenta como la operadora principal del esquema, al ser quien encabeza los acercamientos con empresarios y conduce las negociaciones bajo presión.

El mecanismo denunciado es recurrente: emplazamientos laborales sin aval real, seguidos de exigencias de pagos mensuales o montos económicos a cambio de “desistirse” de la huelga. Empresarios califican estas prácticas como chantaje y una distorsión de la reforma laboral vigente desde el 1 de mayo de 2019, la cual fue diseñada para fortalecer la democracia sindical, no para crear mecanismos de presión económica.

La preocupación se concentra especialmente en Nogales, punto estratégico para el comercio exterior y la industria maquiladora, donde cualquier alteración al entorno laboral impacta directamente en cadenas productivas binacionales. Empresarios advierten que el temor a represalias ha inhibido denuncias públicas, aunque subrayan que el problema ya alcanzó un nivel crítico que exige atención nacional.

Los denunciantes afirman que este patrón no es aislado y recuerdan antecedentes similares en Coahuila y Durango, donde —según su testimonio— el mismo método escaló de presiones graduales a conflictos de mayor magnitud. “Sonora no es la excepción. Es el mismo libreto: emplazamientos masivos, amenazas veladas y cobros ilegales”, sostienen.

La gravedad del caso se amplifica al comparar lo ocurrido recientemente en La Laguna, donde ganaderos, transportistas y comerciantes denunciaron durante meses extorsiones similares atribuidas a estructuras de la CATEM. En ese contexto, el Gabinete de Seguridad Federal informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias y empresas vinculadas al entorno de Édgar Rodríguez, ‘El Limones’, líder sindical señalado por presuntos vínculos criminales.

Testimonios anónimos describieron cobros obligatorios a ganaderos de entre 80 centavos y un peso por kilo de ganado vivo, lo que representaba hasta 40 mil pesos por establo en una sola operación, además de la exclusión forzada de otros sindicatos en obras públicas y privadas.

Para los empresarios de Sonora, el paralelismo es innegable: mismo método, misma presión, mismas amenazas. “Lo que hoy ocurre en Sonora ya pasó en Coahuila y Durango. Empieza de manera gradual y escala hasta niveles insostenibles. Sonora no puede esperar a que el daño sea irreversible”, advierten.

Ante este panorama, los denunciantes confirmaron que los casos ya fueron presentados ante autoridades federales y se encuentran bajo análisis de despachos jurídicos especializados. Destacaron además que el combate a la extorsión es hoy una prioridad nacional. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha informado sobre el reforzamiento de acciones contra este delito, su persecución de oficio y la creación de unidades especializadas en las fiscalías. En el mismo sentido, durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que erradicar la extorsión será uno de los principales retos para los gobiernos.

Finalmente, los empresarios hicieron un llamado urgente a medios nacionales, autoridades laborales y de seguridad para encender los reflectores sobre Sonora. “Defender la reforma laboral implica impedir que se convierta en un instrumento de extorsión. Proteger la legalidad es proteger el empleo, la inversión y el Estado de derecho”, concluyeron.