Durante meses, en Tequila, Jalisco, empresarios y comerciantes vivieron bajo presión. Quien quería trabajar, abrir un negocio o seguir operando, tenía que pagar. Esa es la historia que hoy explica la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, acusado de convertir el Ayuntamiento en una oficina de cobros ilegales.
De acuerdo con autoridades federales, el presidente municipal utilizó su cargo para montar una red de extorsión desde el gobierno local. A través de funcionarios clave —Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas— se exigían pagos a empresas cerveceras, tequileras y comercios del municipio, a cambio de “facilidades”, permisos o simplemente para evitar problemas.
Las denuncias ciudadanas fueron el punto de quiebre. Lo que empezó como inconformidades aisladas terminó en una investigación federal que reveló desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más violentos del país.
El caso no era nuevo. En mayo de 2025, Rivera Navarro ya había sido señalado tras un evento público donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Aun así, siguió en el cargo.
Hoy, la captura del alcalde y su círculo cercano deja al descubierto cómo, en uno de los municipios más emblemáticos de Jalisco, el poder local fue usado para intimidar, extorsionar y saquear, mientras la gente común solo quería trabajar en paz.
