México destina 16 veces más recursos públicos a financiar actividades intensivas en carbono que a impulsar acciones sostenibles, mientras que sus ingresos provenientes de actividades contaminantes superan 89 veces a los obtenidos por fuentes sostenibles, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional 2026, elaborado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).
El informe ubica a México en la posición 19 del ranking regional, uno de los últimos lugares de la clasificación, solo por encima de Trinidad y Tobago. Los resultados evidencian la dependencia de las finanzas públicas de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales, las industrias extractivas y los combustibles fósiles, frente a una participación limitada de los ingresos destinados a promover la sostenibilidad.
Durante la presentación del estudio, representantes de GFLAC señalaron que esta tendencia ha experimentado pocos cambios desde 2019, año en que comenzaron a calcular el índice. Aunque México ha establecido compromisos climáticos, la asignación de recursos públicos no refleja todavía una transformación significativa hacia un modelo económico menos dependiente de las actividades intensivas en carbono.
A nivel regional, la relación entre ingresos intensivos en carbono e ingresos sostenibles es de 12 a uno, mientras que la proporción del gasto público destinado a actividades contaminantes frente al orientado a la sostenibilidad es de 3.8 a uno. En México, las diferencias son mayores, con una relación de 89 a uno en los ingresos y de 16 a uno en el gasto público.
El análisis también examinó las finanzas de las 32 entidades federativas para identificar las diferencias entre sus fuentes de ingresos, la recaudación mediante instrumentos fiscales ambientales y la asignación presupuestaria a acciones climáticas, biodiversidad y programas de sostenibilidad.
En este apartado, Hidalgo obtuvo la mayor puntuación, con 2.2 puntos; sin embargo, ninguna entidad alcanzó un nivel alto de finanzas sostenibles. De acuerdo con GFLAC, los resultados muestran que la sostenibilidad todavía no ocupa un lugar prioritario en la planeación financiera de los gobiernos estatales, pese a los compromisos ambientales asumidos por el país.
El estudio identificó diferencias importantes entre las entidades. Yucatán y la Ciudad de México destacaron por sus ingresos sostenibles, aunque por razones distintas: en la capital, por su capacidad institucional y el desarrollo de instrumentos fiscales, y en Yucatán, por la relevancia de sus recursos naturales.
En contraste, estados como Chihuahua mantienen una mayor dependencia de actividades extractivas, entre ellas la minería y las industrias vinculadas con combustibles fósiles. Esta estructura económica también se refleja en sus ingresos y en las decisiones de gasto público.
La Ciudad de México y Jalisco sobresalieron por sus presupuestos sostenibles, asociados con mayores capacidades técnicas e institucionales para incorporar acciones climáticas en la planeación y el ejercicio de los recursos públicos. No obstante, la capital también registró la mayor asignación presupuestaria a actividades intensivas en carbono, seguida de Chihuahua.
En el conjunto de las entidades federativas, los ingresos sostenibles sumaron 26 mil 888 millones de pesos, frente a más de 135 mil 179 millones de pesos provenientes de actividades intensivas en carbono. Esto significa que, por cada peso obtenido mediante instrumentos de recaudación sostenible, los estados reciben aproximadamente cinco pesos de actividades vinculadas con el carbono.
Por el lado del gasto, los gobiernos estatales destinan 3.4 pesos a actividades intensivas en carbono por cada peso dirigido a la sostenibilidad. GFLAC advirtió que, en comparación con el año anterior, las variaciones son mínimas, lo que refleja la continuidad de un modelo financiero que mantiene la dependencia de sectores contaminantes.
Ante este panorama, el organismo planteó la necesidad de reorientar progresivamente el gasto público, diversificar las fuentes de ingresos e incorporar objetivos climáticos en los procesos de planeación presupuestaria, tanto a nivel federal como estatal.
Entre las propuestas destaca reducir gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles y canalizar esos recursos hacia energías limpias. Según los escenarios planteados en estudios de la organización, una reducción conservadora de 8 por ciento en los subsidios a estos combustibles, con una reasignación hacia energías limpias, permitiría aumentar la disponibilidad de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
GFLAC también subrayó la importancia de establecer metas con plazos definidos, indicadores de cumplimiento y responsables identificables, además de fortalecer la coordinación entre las secretarías estatales de Finanzas y Medio Ambiente para vincular los compromisos climáticos con las decisiones presupuestarias.
El organismo consideró que estos cambios son necesarios para avanzar en los objetivos establecidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), particularmente en su tercera actualización, y advirtió que las metas ambientales deben acompañarse de recursos suficientes para su implementación.
Finalmente, destacó la importancia de garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre las finanzas climáticas. Para ello, puso a disposición el Observatorio de las Finanzas Climáticas en México, una plataforma que reúne información sobre los recursos públicos y las acciones de sostenibilidad en las entidades federativas, con el propósito de facilitar el seguimiento ciudadano y el análisis de las políticas presupuestarias.
