ASF detecta 9 mil mdp sin aclarar en gasto público de 2025

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 9 mil 8 millones de pesos pendientes de aclarar en el ejercicio del gasto público de 2025, tras identificar irregularidades en dependencias federales, gobiernos estatales y municipios.

En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, el órgano fiscalizador reportó observaciones por 10 mil 535 millones de pesos, de los cuales recuperó mil 527 millones, mientras que el resto permanece sin justificar.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó ante la Cámara de Diputados los resultados de 374 auditorías realizadas a los tres órdenes de gobierno.

Entre los principales hallazgos destaca el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, vinculado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde mil 417 millones de pesos en gastos de operación carecieron de documentación suficiente para acreditar su destino.

La revisión también identificó deficiencias de planeación que derivaron en observaciones y recomendaciones.

Rastrean transferencias a particulares

La ASF detectó posibles esquemas de triangulación de recursos públicos en Nuevo León y Sinaloa, donde dinero transferido a proveedores habría terminado en cuentas de empresas y particulares vinculados familiarmente con funcionarios.

En Sinaloa también identificó adjudicaciones de obra pública a una constructora integrada por familiares de un servidor público estatal.

Asimismo, investiga contratos por 8 mil 870 millones de pesos adjudicados a dos grupos empresariales entre 2014 y 2026, incluidos 430 millones relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Recuperan recursos del sector salud

Las auditorías permitieron recuperar mil 132 millones de pesos de gobiernos estatales antes de concluir las revisiones, incluidos 553 millones correspondientes al sector salud.

La ASF también formuló observaciones por 2 mil 327 millones de pesos en dependencias federales.

Los recursos pendientes de aclarar no constituyen necesariamente un daño patrimonial definitivo, pues las instituciones fiscalizadas todavía pueden presentar documentación para solventar las observaciones.

Por JODP

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