La validación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para permitir el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial previa encendió alertas en el sector empresarial, al considerar que la medida incrementa el riesgo país y podría frenar la llegada de capital a México.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la resolución —aprobada por seis votos contra tres y derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022— introduce un elemento de incertidumbre jurídica en un momento clave de competencia global por inversión, particularmente bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El fallo permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas con base en “indicios suficientes” de operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo, sin necesidad de autorización judicial previa. Para el sector privado, este esquema impacta directamente la percepción de certeza jurídica, un factor determinante para la inversión extranjera y nacional.

“El capital busca entornos donde exista protección clara de activos. La posibilidad de restringir recursos sin control judicial afecta la confianza y eleva la prima de riesgo”, señaló el organismo.

El impacto es particularmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan más del 99% del tejido empresarial en México. Su dependencia de la liquidez diaria implica que un bloqueo, incluso temporal, puede detener operaciones clave como el pago de nómina, proveedores o financiamientos, generando efectos inmediatos en la actividad económica.

Coparmex advirtió que la medida podría operar como una sanción anticipada, al contravenir el principio de presunción de inocencia, y planteó ajustes regulatorios para mitigar riesgos: establecer control judicial en un plazo máximo de seis horas, limitar a 15 días la justificación de la medida y garantizar notificación inmediata al afectado.

En un entorno donde México compite por atraer inversión en sectores estratégicos, la certidumbre institucional se posiciona como un factor crítico. Cualquier señal de debilidad en el Estado de derecho, concluyó el organismo, puede traducirse en menor flujo de capital y menor dinamismo económico.