La renovación del Poder Judicial de la Federación, con 881 jueces, magistrados y ministros que rindieron protesta el lunes, no solo significa un relevo institucional, sino un mensaje directo al sector económico: habrá “certeza jurídica plena” para inversionistas y reglas claras en la actividad empresarial.

Hugo Aguilar, nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), subrayó que el compromiso central es sanear al Poder Judicial, eliminar corrupción y nepotismo, y garantizar un sistema imparcial que respalde la construcción de “un México con oportunidades justas y desarrollo sostenible”.

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que este proceso es parte de la transformación nacional, y sostuvo que los impartidores de justicia deben responder a la sociedad y no a intereses particulares o económicos.

La narrativa de la nueva Corte busca enviar confianza a tres frentes estratégicos: inversionistas, sociedad civil y comunidades indígenas —estas últimas entregaron a los ministros un bastón de mando como símbolo de legitimidad social—.

El giro hacia un Poder Judicial con enfoque en transparencia y cercanía representa, en términos económicos, un intento de blindar la seguridad jurídica, factor decisivo para proyectos de inversión y estabilidad de mercados.