Por años, México ha sido uno de los principales consumidores de bebidas azucaradas en el mundo. Y por años, también, hemos pagado las consecuencias en cifras devastadoras: diabetes, obesidad infantil, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y una salud pública colapsada. Lo que parecía una decisión individual de consumo (elegir un refresco, un jugo industrial o una bebida “light”) ha sido en realidad una estrategia corporativa impulsada por una industria multimillonaria, con impactos que van mucho más allá del carrito del súper.

Durante una conferencia de prensa, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, junto con El Poder del Consumidor, presentó el informe “Impuestos Saludables. Más recursos para la Salud Pública”. En él se analiza cómo una política fiscal efectiva, basada en impuestos dirigidos a productos nocivos, podría no solo incrementar la recaudación pública, sino también disminuir el impacto sanitario de enfermedades crónicas prevenibles.

Hoy sabemos, con evidencia científica y análisis económico, que el Estado mexicano está subsidiando enfermedad y muerte. No es exageración: lo dice con todas sus letras el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que colabora con estas organizaciones en un conjunto de propuestas fiscales que podrían cambiar el rumbo de esta crisis.

Estas son las propuestas fiscales concretas del CIEP:

1. Tabaco: Aumentar la cuota por cigarrillo de 0.64 a 1.64 o incluso 3.64 pesos. En el segundo escenario, el 83.9% del precio final serían impuestos, lo que generaría un aumento de hasta 49% en la recaudación.
2. Alcohol: Cambiar el modelo actual por uno basado en el contenido de alcohol puro. Las cuotas propuestas son:
   • 293 pesos por litro de alcohol puro en cervezas,
   • 1,117 pesos en vinos y fermentados,
   • 238.3 pesos en destilados.
     Este ajuste permitiría recaudar hasta 105 mil millones de pesos, un incremento del 42% respecto a 2023, además de reducir el consumo de cerveza en un 34%.
3. Bebidas azucaradas y con edulcorantes: Aumentar la cuota a 7 pesos por litro y extenderla a bebidas con edulcorantes. Esta medida generaría una recaudación estimada de 104 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 210% frente al esquema actual.
4. Alimentos ultraprocesados: Elevar la tasa actual del 8% al 20%, siguiendo el modelo de Colombia, donde esta política ha demostrado gran efectividad para reducir el consumo.

Más allá de cifras, lo que está en juego es la salud de millones. Y la reacción previsible vendrá de la industria. Dirán que estos impuestos “castigan al consumidor” y “afectan a los más pobres”. Es una narrativa conocida, pero falsa. Porque como lo demuestra el propio CIEP y la evidencia internacional, las personas de bajos ingresos son las que más reducen su consumo ante un alza de precios, lo que se traduce en menos enfermedades y menor gasto en atención médica.

Lo que realmente golpea a los hogares pobres no es el IEPS, sino la insaciable sed de ganancias de empresas que colocan sus productos ultraprocesados incluso en comunidades indígenas, donde antes la diabetes era rara y hoy es una epidemia. Allí, la consecuencia no es solo económica, es humana: comas diabéticos, amputaciones, ceguera.

No se trata de demonizar a los refrescos. Se trata de responsabilizar a las corporaciones que durante décadas han invertido millones en publicidad, cabildeo y desinformación para proteger su modelo de negocio, sin importar el costo social. Y también se trata de exigir al Estado que deje de ser cómplice silencioso de este desastre sanitario.

Por eso, esta iniciativa debe ser no solo discutida, sino impulsada con urgencia por el Congreso, la Secretaría de Salud y toda la sociedad civil. Porque no se puede hablar de un sistema de salud universal mientras se permite que el mercado enferme a la población con total impunidad.