La falta de medicamentos e insumos médicos no es un problema exclusivo de una institución. Mientras Birmex acumula observaciones por presuntos daños al erario y funcionarios federales reconocen irregularidades en las compras consolidadas, en la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) surgen denuncias sobre un presunto esquema que limitaría la competencia para favorecer a determinadas empresas en contrataciones por cientos de millones de pesos. En ambos casos, las consecuencias recaen sobre los derechohabientes, quienes enfrentan dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan.

En el caso de Birmex, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó en octubre un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos, relacionado con compras consolidadas que carecerían de respaldo documental suficiente, así como posibles contrataciones irregulares por otros 192.8 millones de pesos. Entre las observaciones destaca un presunto pago en exceso de 65.6 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo.

Estos señalamientos se suman a la cancelación, en 2025, de la compra consolidada de medicamentos debido a sobrecostos estimados en hasta 13 mil millones de pesos, situación que derivó en la destitución de directivos. Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial, reconoció públicamente la existencia de “posibles indicios de corrupción”, así como fallas en los procedimientos de adquisición que ocasionaron retrasos de varios meses.

Por su parte, Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director de Birmex, enfrenta cuestionamientos por la persistencia del desabasto y la adjudicación de contratos de gran volumen. Entre ellos figura el correspondiente a vacunas contra la COVID-19, otorgado a Laboratorios Liomont por un monto máximo cercano a 31 mil millones de pesos, con vigencia hasta 2030.

En tanto, alrededor del 5% de las recetas del sector público continuarían sin surtirse, mientras que proveedores como Neuronic Mexicana han sido señalados por presuntos incumplimientos en la entrega de medicamentos prioritarios, entre ellos ketamina y metotrexato.

Desabasto y denuncias por contrataciones en Sanidad Militar

La problemática también alcanza a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con documentos oficiales citados en las denuncias, el Hospital Central Militar habría registrado en 2026 un nivel de surtimiento de apenas 56% de las recetas médicas, considerablemente inferior al rango de entre 90% y 98% que, según los mismos señalamientos, mantuvo durante décadas.

Esta situación obligaría a militares y sus familias a adquirir medicamentos con recursos propios, lo que representa una presión adicional para su economía.

En este contexto, han surgido señalamientos que involucran a la coronel enfermera diplomada de Estado Mayor Blanca Jiménez Zenteno, subdirectora de Sanidad, y al capitán Juan Pablo Arriaga, titular de la Unidad de Control y Gestión.

De acuerdo con las denuncias, ambos funcionarios presuntamente habrían participado en la implementación de un mecanismo destinado a restringir la participación de proveedores y favorecer a determinadas empresas en los procesos de contratación.

De confirmarse, estas prácticas podrían contravenir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece criterios y procedimientos para garantizar la competencia, la transparencia y las mejores condiciones de contratación para el Estado.