La recuperación de 1,126 concesiones mineras por parte del Gobierno federal no solo representa un ajuste administrativo, sino un reordenamiento de alto impacto para el sector extractivo. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la superficie recuperada suma 889,512 hectáreas, equivalente al territorio conjunto de Morelos y Tlaxcala, o al estado de Querétaro.
Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, explicó que la cancelación de títulos respondió principalmente a la falta de exploración, adeudos en el pago de derechos por más de dos años y omisión de reportes técnicos.
José Fernando Aboitiz Saro detalló que 90% de las concesiones estaban en manos de particulares con fines especulativos, mientras que solo 10% correspondió a empresas, algunas de las cuales, como Industrias Peñoles y Minera Autlán, cedieron voluntariamente títulos improductivos.
Además, se identificaron 713 concesiones —que abarcan 249,108 hectáreas— dentro de Áreas Naturales Protegidas, lo que refuerza el argumento oficial de depurar “bienes ociosos”. La mayor concentración de cancelaciones se registró en Sonora, Durango, Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Chihuahua, entidades clave en la producción minera nacional.
Con esta medida, el gobierno busca frenar la especulación, fortalecer la recaudación y enviar señales de orden regulatorio en un sector estratégico para la inversión y el desarrollo regional.
