México enfrenta una brecha de alrededor de 13.6 billones de pesos en financiamiento sostenible, mientras que el país requiere movilizar al menos 1.7 billones de pesos cada año para atender proyectos relacionados con sus compromisos climáticos, sociales y de desarrollo.

En el marco del seminario para periodistas sobre sostenibilidad y finanzas sostenibles, organizado por Santander y la Bolsa Mexicana de Valores, especialistas del sector público, financiero y bursátil analizaron el tamaño de las necesidades de inversión del país, los recursos movilizados hasta ahora y los instrumentos disponibles para cerrar esa distancia.

Raúl González, director general de Asuntos Internacionales y Finanzas Sostenibles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que, en un escenario favorable, la brecha de financiamiento podría reducirse alrededor de 70%.

El funcionario explicó que existen distintas estimaciones sobre la velocidad a la que podría cerrarse el faltante, por lo que el resultado dependerá de la capacidad para movilizar recursos públicos, privados e internacionales, además de transformar proyectos sostenibles en inversiones financieramente viables.

La dimensión del reto se observa al comparar las necesidades del país con los recursos canalizados hasta ahora. González detalló que la estrategia mexicana de financiamiento sostenible ha movilizado alrededor de 1.5 billones de pesos, una cantidad inferior a los 1.7 billones de pesos que México necesita movilizar anualmente.

Esto implica que el país requiere captar prácticamente en un solo año un volumen de recursos superior al acumulado hasta ahora dentro de la estrategia, pese al desarrollo de regulación, instrumentos financieros y mecanismos vinculados con sostenibilidad durante los últimos años.

Hacienda busca conectar proyectos con capital

Para acelerar la llegada de inversión, la SHCP trabaja en un Módulo de Inversión Sostenible, una plataforma diseñada para vincular proyectos con bancos, organismos multilaterales, fondos ambientales y otras fuentes de financiamiento.

La herramienta permitirá analizar las iniciativas tanto por su impacto ambiental y social como por su viabilidad financiera, con el propósito de identificar proyectos capaces de atraer inversión privada, recursos concesionales y capital de instituciones internacionales.

A junio de 2026, Hacienda contabilizaba 54 proyectos activos por aproximadamente 628 millones de dólares dentro de esta estrategia.

González explicó que el objetivo no será únicamente medir cuánto dinero se moviliza, sino también el impacto generado por cada peso o dólar invertido, principalmente en proyectos relacionados con mitigación y adaptación climática, transición justa e igualdad de género.

El reto también responde a la exposición económica de México frente al cambio climático. Cerca de 40% del territorio nacional está expuesto a riesgos hidrometeorológicos, mientras sectores como transporte, generación de energía, industria, agricultura y ganadería concentran una parte relevante de las emisiones nacionales.

Sólo el transporte genera alrededor de 23% de las emisiones, según las cifras presentadas.

Bajo un escenario en el que se lograra reducir 70% de la brecha de 13.6 billones de pesos, se cubrirían aproximadamente 9.5 billones, aunque todavía permanecerían alrededor de 4.1 billones de pesos pendientes de financiamiento.

Bonos y crédito sostenible ya superan el billón de pesos

El crecimiento que ya registra el mercado mexicano ayuda a dimensionar tanto el avance como el desafío pendiente.

Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, detalló que entre 2015 y 2026 se han emitido alrededor de 1.55 billones de pesos en bonos temáticos, mediante 298 emisiones realizadas por 66 emisores.

De ese monto, aproximadamente 1.29 billones de pesos permanecen en circulación.

El crédito sostenible también ha ganado escala. Las cifras presentadas por Aguilar ubican este mercado en aproximadamente 1.46 billones de pesos, de los cuales 812 mil millones corresponden a crédito ambiental y 648 mil millones a crédito social.

Por otra parte, los instrumentos sostenibles contabilizados alcanzan aproximadamente 1.69 billones de pesos, al considerar bonos soberanos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bonos temáticos, ETFs con criterios ESG y fondos de inversión con factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Las cifras muestran que el mercado mexicano ya moviliza cantidades relevantes de capital sostenible; sin embargo, también evidencian la magnitud de la distancia frente a los 13.6 billones de pesos estimados entre 2023 y 2030.

¿Cómo se convierte un proyecto en financiamiento sostenible?

Más allá del volumen de recursos, Javier Perochena, Head of Sustainable Finance de Banco Santander México, explicó la forma en que los productos financieros sostenibles se estructuran a partir del destino específico del capital y de criterios previamente definidos.

El directivo presentó casos de financiamiento bajo etiquetas verdes y sociales en los que los recursos se destinan exclusivamente a proyectos que cumplen determinados criterios ambientales o sociales.

Entre ellos se encuentran inversiones relacionadas con movilidad sustentable y transporte limpio, además de créditos sociales destinados a ampliar el acceso a servicios esenciales como educación y conectividad.

También existen créditos verdes vinculados con actividades dirigidas a reducir impactos ambientales, mejorar la eficiencia de los negocios o financiar proyectos respaldados por certificaciones ambientales.

La diferencia frente a un crédito convencional radica en que desde el origen debe establecerse para qué serán utilizados los recursos, qué proyectos califican como elegibles y qué objetivos ambientales o sociales persigue la inversión.

Así, el reto del financiamiento sostenible en México no se limita a crear más bonos o créditos etiquetados. La capacidad para acercarse a los 1.7 billones de pesos anuales requeridos dependerá también de contar con suficientes proyectos económicamente viables que puedan conectar las necesidades de inversión del país con bancos, fondos e inversionistas dispuestos a aportar capital.