La adopción de vehículos eléctricos (VE) en México avanza con un consumidor cada vez más convencido de su impacto ambiental y de la necesidad de políticas públicas claras que aceleren la transición energética. Así lo revela la Global EV Driver Survey 2025, elaborada por la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos, que por primera vez incluye a México dentro de su análisis global.

El estudio recoge las respuestas de 27,534 usuarios de VE en 30 países y muestra que el mercado mexicano presenta una urgencia superior al promedio internacional. En particular, 61% de los conductores mexicanos considera que el país necesita nuevos incentivos y medidas regulatorias para incrementar las ventas de vehículos eléctricos, frente a un promedio global de 46%. Además, 92% coincide en que el cambio climático representa un problema grave, lo que evidencia un alto nivel de conciencia ambiental.

A diferencia de otros mercados donde la adopción se frena por desinformación, en México el principal obstáculo identificado es la falta de infraestructura de carga en carretera. De acuerdo con Eugenio Grandio, presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA), una red de carga rápida, confiable y bien distribuida en corredores estratégicos es clave para detonar un crecimiento sostenido del sector y consolidar un mercado con alto potencial de inversión.

Otro hallazgo relevante es que los consumidores mexicanos muestran baja aversión a marcas por motivos políticos, lo que coloca al país en una posición competitiva al permitir mayor diversidad de fabricantes y tecnologías, sin restricciones geopolíticas que limiten la oferta.

No obstante, persiste una preocupación estructural: la vida útil de las baterías, un tema que genera mayor inquietud en México que en mercados maduros. A nivel global, 67% de los usuarios afirma que este factor ya no representa un problema, respaldado por flotas que superan los 400,000 kilómetros recorridos.

Finalmente, el estudio revela que 72% de los usuarios mexicanos volvería a un vehículo de combustión si no tuviera un VE, lo que confirma que cada adopción eléctrica evita emisiones reales y posiciona a la electromovilidad como un componente estratégico de la agenda ambiental y económica del país.