El fraude financiero en México mantiene una tendencia al alza y ya muestra un cambio relevante en el perfil de las víctimas. Entre enero y mayo de 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró más de 35 mil reclamaciones por posible fraude, reflejando una creciente presión sobre el sistema financiero y los usuarios.
Ante este escenario, la Condusef y el Servicio de Protección Bancaria (SEPROBAN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el combate contra fraudes financieros, especialmente aquellos cometidos a través de llamadas telefónicas, mensajes, enlaces falsos y mecanismos digitales de engaño.
Uno de los hallazgos más relevantes es que los fraudes ya no impactan principalmente a adultos mayores. Actualmente, los mayores incrementos se concentran en personas en edad productiva y jóvenes. Las reclamaciones por posible fraude crecieron 25% entre personas de 50 a 59 años, 22% entre quienes tienen de 40 a 49 años y cerca de 20% en jóvenes de 18 a 29 años.
Los datos también muestran que el fraude financiero se expande a distintos segmentos del sector. En banca múltiple, las reclamaciones aumentaron 18% anual, mientras que en Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) el incremento fue cercano al 49%.
La digitalización de los servicios financieros también está ampliando la superficie de riesgo. A los esquemas tradicionales se suman nuevas modalidades de fraude vinculadas con redes sociales, mensajes de texto, sitios falsos y suplantación de identidad.
En paralelo, la herramienta “Consulta y Reporta”, lanzada recientemente por Condusef para identificar números telefónicos sospechosos, acumuló más de 11 mil consultas en su primera semana y registró casi 5 mil números reportados. De estos casos, 91% correspondió a fraude o estafa, acoso telefónico y spam.
El diagnóstico es claro: el fraude financiero en México se está sofisticando, expandiendo y afectando a una base cada vez más amplia de usuarios, lo que obliga a reforzar la prevención, la ciberseguridad y la educación financiera.
