El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la estrategia de fiscalización de este año, con el objetivo de alcanzar su meta de recaudación de MXN$5.8 billones, planteada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

El eje central del Plan Maestro es perseguir a los contribuyentes que compren o vendan facturas falsas; además, se realizarán auditorías con criterios específicos como parte de los esfuerzos para combatir la evasión fiscal.

La meta que estima el gobierno representa un aumento real de 5.7% respecto al cierre estimado de 2025. Este cálculo se basa en una proyección de crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, por encima del 1.3% que esperan los analistas consultados en la Encuesta Citi de Expectativas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó el pasado 19 de enero que el SAT continuará con sus esfuerzos para detectar empresas factureras o personas que se dedican a la compra y venta de facturas electrónicas. Con ello, Sheinbaum mantiene la política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, de combatir las facturas falsas como mecanismo de recaudación, sin recurrir a una reforma fiscal.

¿Cómo funcionará el Plan Maestro?

El SAT iniciará la estrategia a través de acciones contundentes: visitas domiciliarias, mediante las cuales se realizarán operativos directos en los domicilios de presuntos emisores; suspensión inmediata, en la que se inhabilitarán las operaciones de las empresas identificadas; presentación de denuncias ante el Ministerio Público bajo el nuevo tipo penal, y la negativa de inscripción de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El SAT enfatizó que, una vez identificados quienes realicen la compraventa de facturas falsas, se procederá al cobro de las contribuciones omitidas.

Los contribuyentes que hayan deducido facturas declaradas como falsas contarán con un plazo de 30 días para corregir su situación fiscal de manera voluntaria. De no hacerlo, se les suspenderá la facturación.

Finalmente, el SAT subrayó que se garantizará la aplicación de los mismos criterios en cualquier oficina del país, en procedimientos de fiscalización como depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, certificaciones, permisos y autorizaciones de comercio exterior.

Por: Daniela Ruedas