La conversación sobre fraude en América Latina cambió de tono. Ya no se trata sólo de modelos y reglas: los jueces ahora están marcando el paso. En Colombia, la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de una ley estatutaria que ordena suspender cobros, intereses y reportes negativos cuando hay indicios de suplantación, hasta que el caso se aclare.

Este escenario no es exclusivo de Colombia. En México, la regulación más reciente y relevante es la que impone un límite transaccional configurable por el usuario para prevenir fraudes en la banca digital, denominado Monto Transaccional del Usuario (MTU). Esta medida se implementó a través de disposiciones emitidas por las autoridades financieras del país, y su objetivo principal es reducir las pérdidas en caso de robo de identidad o ciberataques que resulten en transferencias no autorizadas de montos significativos.

Algo parecido sucedió en Brasil el año pasado, cuando el Banco Central implementó reglas más estrictas para Pix, el sistema de pago instantáneo, con el objetivo de aumentar la seguridad de las transacciones y combatir fraudes. Las transferencias de más de 200 reales sólo podrán realizarse desde dispositivos previamente registrados por los clientes, y habrá un límite diario de mil reales para aquellos que no estén registrados.

Otro ejemplo de fuerza en Latam está en España: el Tribunal Supremo consolidó que las operaciones no autorizadas deben reembolsarse, salvo negligencia grave del cliente. Este giro jurídico obliga a rediseñar procesos, métricas y tecnología en las operaciones de fraude, y eleva el listón operativo para bancos, telcos y otorgantes de crédito.

Ya no basta con responder, hay que demostrar: demostrar que la suspensión fue oportuna, que existió trazabilidad, que cada decisión tuvo una explicación técnica y que la gestión de evidencias fue consistente y auditable. En este nuevo entorno court-driven, la justicia se convierte en el nuevo regulador de facto.

En nuestros proyectos recientes hemos identificado los “drivers”, las “respuestas” y los “desafíos” más comunes del mercado actualmente en las organizaciones:

• Drivers: sofisticación del fraude, demanda de eficiencia operativa y prioridades institucionales impulsadas por decisiones judiciales.
• Respuestas: colaboración entre Datos-Riesgo-Tecnología, decisiones dirigidas por IA con explicabilidad y alineación legal con un Stop-Charge Playbook.
• Desafíos: confianza del cliente basada en el tiempo de respuesta y contexto, coexistiendo con silos fragmentados, adopción de GenAI/IA agéntica con gobierno, y escalamiento desde pilotos hacia operación estable.

Responder con rapidez y gobernanza —donde la conformidad se prueba con datos y trazabilidad— requiere integrar orquestación, analítica explicable y gobierno legal en un solo flujo. La línea base court-driven exige procesos probados y métricas claras.

Cada disputa judicial requiere unir evidencias de múltiples sistemas. La ausencia de una plataforma orquestadora multiplica los costos, incrementa los riesgos y debilita la defensa legal.

Convertir una obligación judicial en una ventaja competitiva es posible conectando datos, decisiones y evidencias en un solo flujo operativo, basado en pilares como:

• Capa de orquestación: integra identidad, crédito, pagos, atención, etc., en un flujo unificado.
• Motor de decisión explicable: registra y justifica cada acción (bloqueo, reversión, suspensión).
• Visión 360° del cliente: une el historial técnico (logs, alertas, eventos) con el histórico humano (interacciones, disputas, resoluciones).
• Gobernanza federada: garantiza que cada decisión pueda rastrearse, auditarse y defenderse jurídicamente.

Este modelo aplica ingeniería de decisión a la jurisprudencia, convirtiendo la obligación de cumplir una orden judicial en una respuesta automatizada, trazable y predictiva.

La próxima frontera de la confianza no se construye sólo con políticas, sino con arquitectura. En un mundo donde las leyes dictan los nuevos estándares operativos, la capacidad de una organización para conectar datos, decisiones y evidencias será la verdadera medida de madurez digital y resiliencia institucional.

El panorama regulatorio en Europa y Latinoamérica converge hacia expectativas más estrictas sobre autenticación, protección al consumidor y responsabilidad frente al fraude. Evoluciones como la DSP-465 en Colombia, el Anexo 12-E en México y las guías del GAFI sobre identidad digital muestran la urgencia de modernizar los controles y adoptar decisiones explicables y auditables.

En este contexto, el marco de Confianza Digital de FICO ayuda a integrar políticas, analítica y operaciones en una defensa coherente y escalable frente a los nuevos patrones de fraude y las exigencias del mercado.

Para avanzar en este entorno, los bancos deben reforzar la visibilidad del riesgo a nivel cliente, combinar analítica conductual y biométrica, modernizar la gobernanza del fraude y desplegar IA explicable que permita decisiones rápidas y seguras. Las entidades que alineen estrategia, analítica y operaciones estarán mejor preparadas para gestionar este nuevo ecosistema de riesgo digital.

Las plataformas decisionales, como la Plataforma FICO, reducen el costo total de propiedad al agilizar la integración de datos, la seguridad y la gobernanza, eliminando la necesidad de múltiples soluciones puntuales. En su caso específico, su diseño modular y componible permite comenzar con casos de uso de alto valor y escalar fácilmente, acelerando la generación de valor con cada implementación.

La IA responsable es central en la estrategia de FICO, asegurando que cada decisión sea explicable, trazable y auditable, aspectos críticos para la confianza en industrias reguladas como los servicios financieros.

Por Luis Silvestre, Domain Pre-Sales Principal Consultant en FICO