El autoconsumo eléctrico en México inició una nueva etapa de consolidación regulatoria tras la publicación de las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG), que establecen reglas claras, obligaciones definidas y consecuencias jurídicas para los proyectos que operan bajo esta figura. El nuevo marco normativo deja atrás un periodo marcado por interpretaciones y zonas grises, y refuerza la supervisión del regulador sobre este tipo de generación.

De acuerdo con un análisis elaborado por Paulina Beck, General Counsel de Energía Real, la regulación publicada el 12 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación redefine la gobernanza del autoconsumo, al desplazar el foco desde la sola generación de energía en sitio hacia su acreditación, registro, reporte y sostenibilidad frente a la autoridad.

Las DACG establecen las condiciones generales aplicables al autoconsumo aislado e interconectado, formalizan el Registro de Autoconsumo y emiten un modelo de contrato para la venta de excedentes y productos asociados en esquemas interconectados. Uno de los cambios centrales es la diferenciación expresa entre ambas modalidades, con efectos directos en las obligaciones técnicas, contractuales y de supervisión.

En el esquema aislado, los sistemas no pueden inyectar energía al Sistema Eléctrico Nacional ni comercializarla, aunque se permite contratar suministro para cubrir faltantes bajo condiciones técnicas estrictas. En contraste, el autoconsumo interconectado implica una relación contractual con la red pública que habilita la gestión de excedentes y déficits conforme a reglas específicas.

El alcance de la regulación aplica a personas físicas y morales que generen energía eléctrica con capacidad igual o superior a 0.7 MW, cuenten o deban contar con un permiso de generación vigente, operen redes particulares o busquen vender excedentes o adquirir faltantes. En la práctica, esto obliga tanto a proyectos nuevos como existentes a revisar su encuadre regulatorio.

Desde el punto de vista de cumplimiento, el Registro de Autoconsumo se convierte en un instrumento central de supervisión, al requerir actualizaciones permanentes ante la Comisión Nacional de Energía. El marco también prevé supuestos explícitos de cancelación de permisos, lo que eleva el costo del incumplimiento y coloca la gestión del riesgo regulatorio como una prioridad para las empresas.