A once años del fraude de Ficrea, Nacional Financiera (Nafin) volvió a marcar distancia y reiteró que no tiene responsabilidad legal ni fiduciaria en el pago a los ahorradores afectados, ni participación alguna en el proceso de liquidación de la Sociedad Financiera Popular, iniciado en 2014.

De acuerdo con una publicación del periódico Reforma, el posicionamiento ocurre en un contexto de creciente inconformidad entre los afectados, quienes denuncian retrasos, omisiones y falta de claridad en la devolución de recursos. Los ahorradores sostienen que existe un fideicomiso creado en 2014 por aproximadamente 3 mil 200 millones de pesos, el cual —aseguran— debería destinarse a la restitución de sus ahorros.

Nafin rechazó esta versión y precisó que no administra, controla ni tiene injerencia sobre dichos recursos. En un comunicado, la banca de desarrollo subrayó que cualquier pago a los acreedores debe realizarse mediante los mecanismos legales establecidos, bajo la responsabilidad de las autoridades competentes y no de la institución.

Si bien reconoció el impacto económico y social que el fraude ha tenido sobre miles de familias y trabajadores, Nafin afirmó que su actuación está limitada por el marco jurídico vigente. Aseguró además que ha sostenido reuniones con representantes de los ahorradores para explicar estas restricciones legales.

No obstante, Javier Paz, vocero de los afectados, sostiene que las solicitudes de diálogo con las distintas administraciones de Nafin no han derivado en soluciones concretas.

El caso Ficrea se mantiene como uno de los episodios más prolongados de incertidumbre financiera para pequeños ahorradores en México, sin una resolución definitiva más de una década después.