La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que el congelamiento de cuentas aplicado a Rubén Rocha Moya, tres de sus hijos y nueve exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico no representa una resolución de culpabilidad ni una investigación formal en su contra.

En un comunicado, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda explicó que la medida forma parte de un mecanismo preventivo para resguardar la estabilidad del sistema financiero mexicano. Además, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) tienen derecho a presentar recursos legales y ejercer su garantía de audiencia.

La UIF detalló que la inmovilización de cuentas surgió a partir de alertas emitidas por instituciones financieras mexicanas, luego de que autoridades estadounidenses difundieran públicamente órdenes de captura contra varios ex funcionarios sinaloenses.

Debido a la relación de corresponsalía entre bancos mexicanos y estadounidenses, las entidades financieras activaron protocolos de monitoreo relacionados con Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Según la dependencia, estas alertas bancarias derivaron en la aplicación de bloqueos preventivos bajo el esquema denominado “LPB 24 Horas”, con el objetivo de evitar riesgos para el sistema financiero nacional.

La institución agregó que actualmente revisa documentación e información relacionada con Rocha Moya, sus hijos Rubén, Ricardo y José Jesús, así como con los nueve ex funcionarios acusados en Estados Unidos, utilizando los mismos criterios técnicos empleados en cualquier reporte financiero.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la UIF no realiza una investigación directa, sino que se trata de procedimientos automáticos derivados de las alertas internacionales.