Comprar un inmueble, realizar ciertas operaciones empresariales o contratar servicios considerados de mayor riesgo puede implicar más preguntas, documentos y verificaciones. No necesariamente porque exista una sospecha sobre el cliente, sino porque Hacienda está cambiando la manera en que busca detectar operaciones vinculadas con lavado de dinero.

El cambio central es la adopción de un Enfoque Basado en Riesgo, mediante el cual las empresas y personas sujetas a la legislación antilavado deberán evaluar factores como el perfil del cliente, tipo de operación, productos utilizados, canales de contratación y zonas geográficas.

En términos sencillos, ya no todas las operaciones serán revisadas de la misma manera.

¿Qué cambia para los clientes?

Una de las diferencias más visibles estará en la identificación. Dependiendo del nivel de riesgo de una operación, pueden solicitarse documentos adicionales, información sobre la actividad económica del cliente o datos para determinar quién está realmente detrás de una empresa.

Aquí cobra relevancia el beneficiario controlador, es decir, la persona física que finalmente obtiene un beneficio o ejerce control sobre una sociedad u operación.

El objetivo es evitar que empresas, fideicomisos o intermediarios sean utilizados para ocultar al verdadero propietario de los recursos.

¿Hacienda revisará igual a todos?

No. El nuevo modelo busca aplicar controles proporcionales al nivel de riesgo.

Una operación cotidiana no debería requerir el mismo análisis que una transacción inusual, una estructura empresarial compleja o una relación con clientes considerados de mayor exposición.

También se refuerza la revisión de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Esto no significa que tener un cargo público implique una irregularidad, sino que determinados perfiles requieren controles adicionales por su nivel potencial de riesgo.

¿Qué cambia para las empresas?

El impacto será mayor para los negocios obligados a cumplir con la legislación antilavado.

Ya no bastará con integrar expedientes y enviar avisos. Las organizaciones deberán identificar, evaluar y documentar riesgos, además de fortalecer políticas internas, capacitación, auditorías y sistemas de monitoreo.

En determinados supuestos también existen avisos que deberán enviarse dentro de un plazo de 24 horas, lo que obliga a mejorar los procesos de detección.

¿Para qué sirven realmente estos controles?

La intención es seguir mejor el recorrido del dinero y concentrar la supervisión en las operaciones que presentan mayores señales de riesgo.

Para los clientes puede significar explicar con mayor claridad quiénes son o de dónde provienen sus recursos. Para las empresas, implica conocer mucho mejor con quién hacen negocios.

El cambio de fondo es que la prevención de lavado deja de ser solo un trámite documental para convertirse en un sistema permanente de evaluación de riesgos.